1991 se presentó como un año que le daría un vuelco a la organización política, social y económica del país. Estaba ante todos la nueva constitución que reemplazaría la carta de 1886, que había sido ideada por las fuerzas conservadoras para promover una supuesta regeneración de la sociedad colombiana.
Para los años 90 esta carta no era más que una colcha de retazos producto de 75 reformas que se vivieron a lo largo de la historia colombiana. La Regeneración, la Hegemonía Conservadora, la República Liberal, la Época de la Violencia y el Frente Nacional, fueron las etapas durante las cuales se ejercieron estas reformas, favoreciendo siempre a quienes ostentaban el poder político. Además, desde mediados de la década del 70, el país estuvo regido por un estatuto de seguridad, acompañado por un estado de excepción casi permanente. Ambos con el fin de aterrorizar y así mitigar las fuertes movilizaciones populares y el accionar de los procesos insurgentes.
La necesidad de una asamblea nacional constituyente surge a partir de la voluntad de algunos grupos insurgentes de desmovilizarse (M-19, EPL y Quintín Lame), tratando con ello de aportar a la construcción de una sociedad “más incluyente”, contrarrestando la baja participación política y buscando el reconocimiento y garantía de diversos derechos políticos, sociales, económicos y culturales. Paradójicamente, la construcción de esta nueva carta sirvió para implementar la apertura económica, y con ello políticas neoliberales, que en términos reales coartaron (y coartan) la posibilidad de construir una sociedad más democrática.
Pero el problema no radica simplemente en dicha contrariedad, sino que ésta constitución, que reconoce derechos como la acción de tutela, la acción popular, no es conocida, ni enseñada adecuadamente a la ciudadanía, como lo señala expresamente la constitución (art. 41). Es por ello que estos “progresos” no van más allá de ser letra muerta, ya que gran parte de la población no conoce sus derechos.
En lo que va de estos 20 años la constitución ha sufrido 29 reformas, aplicadas a 54 artículos (que pueden entenderse más bien como contrarreformas), y que han sido impuestas por las élites políticas para reafirmar sus proyectos de gobierno, que no están en consonancia con las necesidades sociales. Esta situación muestra claramente que en nuestra sociedad la valoración de los procesos constituyentes es inexistente, y que la carta no es más que el tapete que pisotean cada uno de los autócratas.
