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| Panorámica centro de Medellín |
Medellín, la ciudad de la eterna primavera como es llamada para feriarla y
promocionarla internacionalmente como una metrópoli de prestadora de servicios, es una ciudad agazapada en los recodos de sus
laderas, temerosa de sus calles y esquinas, y sometida a la más cruel de las violencias:
la para-mafiosa[1] o las mal llamadas bandas criminales, que no son más que los reductos no desmovilizados del paramilitarismo.
Han sido estas bandas paramilitares quienes han ejercido un férreo control territorial en la ciudad desde 1998, que
según alias Don Berna se crearon a petición de los comerciantes e industriales
de Medellín porque “era necesario contrarrestar el terrorismo,
el secuestro y otras actividades de organizaciones como las FARC, el ELN y
otras milicias”[2]. De esta
forma y a finales de ese mismo año empieza a incursionar el Bloque Metro en la
ciudad sometiendo o eliminando “los combos”, que otrora sirvieron a los
intereses del cartel de Medellín. Para finales de 1999 la guerra entre los
bloques paramilitares Metro y el Cacique Nutibara llevo a cambios de bandos de
los diferentes grupos criminales entre ambas estructuras, dando por resultado la destrucción del
Bloque Metro y la posesión de alias Don Berna como el cacique de la ciudad.
A la incursión del paramilitarismo
en la ciudad se suman las acciones de guerra por parte del Estado hacia la
población civil en las comunas consideradas como guerrilleras o milicianas.
La más famosa de estas acciones fue la operación Orión en la comuna 13. Así como, tras
las acciones militares y policiales se despejan los barrios, a la vez que se abre camino al robustecimiento de la economía criminal y el control militar de los
barrios por parte de los paras, quienes no se ven afectados por ningún
dispositivo del Estado.
Es la connivencia de la institucionalidad con el paramilitarismo es la clave para su posicionamiento territorial, económico, social y político en la ciudad, haciéndose del control de las redes mafiosas de
las oficinas sicariales y del negocio del narcotráfico. El bloque Cacique
Nutibara logra entonces, consolidar su poderío sobre toda el área metropolitana, siendo estos mismos quienes, más adelante y con más ganas de expandirse que de paz, se “desmovilizarían y reincorporarían” a la vida civil, con el fin de
legalizar y afianzar su economía ilegal, además de obtener los beneficios
judiciales que adquirirían después en el marco de la Ley de Justicia y Paz.
En este punto Medellín pasó de las
constantes balaceras entre loma y loma a una calma plagada de sospecha y
complicidad, a este período que comprende de 2003 a 2007, casualmente la alcaldía de Sergio
Fajardo, se le conoce como “donbernabilidad”,
a razón del pacto
entre los Héroes de Granada y el Cacique Nutibara para disminuir los índices de
criminalidad y homicidios en la ciudad. Dicho pacto se respetó con la voz del
fusil. La ciudad al fin brilló, creyéndose libre de pecado, olvidando que, como
sin cuerpo no hay muerto, a la par que las estadísticas de los homicidios
bajaban, las de los desaparecidos aumentaban.
Aquí es necesario resaltar que en
la ciudad los períodos de calma y tranquilidad
han estado marcados en el fondo por pactos entre las diferentes organizaciones
para-criminales presentes en la ciudad, así que la llamada “donbernabilidad” no sería ni el primero ni el último trato de su
tipo. Alianzas como estas no dejan de
llamar la atención debido a la alta coincidencia, no solo con los puntos
álgidos de la violencia para-mafiosa si no también con eventos de relevancia
internacional en la ciudad, como los Juegos Suramericanos de 2010, y fechas
especiales como navidad y año nuevo.
Recientemente, Medellín y el área
metropolitana gravitan en medio de una tregua criminal entre la mal llamada
oficina de envigado y los urabeños, que empezó a mediados de julio del presente
año[3].
Este pacto se realiza con el fin de que cada estructura criminal conserve los
territorios que tiene, que se suspendan las “fronteras invisibles”, el respeto
por las finanzas de cada estructura y el no asesinato de coordinadores, con el fusil como prenda de garantía para su cumplimiento.
Teniendo en cuenta lo anterior no
es extraño que dicho pacto se celebre unas semanas antes de Feria de Flores,
que la alcaldía municipal y la policía metropolitana “desconozcan” dichos
acuerdos, y por ende sigan delegando la paz, la seguridad y la convivencia
ciudadana a los para-criminales. La ciudad entera se encuentra sitiada, pero la
administración ha sido miope a la hora de diagnosticar el problema, para
formular soluciones eficaces y quitarle la iniciativa y el control de los
barrios a la para-mafia.
El fenómeno de la violencia en la
capital paisa no es un asunto de novedad. La administración se ha equivocado de
estrategia, además de pecar de cómplice, al pretender tratarlo como un problema de simple crimen organizado,
cuando es claro que son estructuras criminales que tienen un sustrato
paramilitar, nacido a las sombras del mismo Estado. La incapacidad del alcalde y sus funcionarios para comprender las dimensiones y alcances del
conflicto urbano, han limitado los esfuerzos de la institucionalidad a reducir
cifras, llevando un conteo meticuloso de cada muerto y cada hecho violento, en
lugar de atacar las raíces de los problemas con políticas sociales. Se crea
así, en el imaginario de los funcionarios y estadistas la ilusión de falsa
seguridad y del “deber cumplido” cuando la estadística baja en dos números.
De esta forma es como se lee la ciudad desde las altas esferas del poder, como un montón de
estadísticas y números que hay que combatir con cálculos cada vez más
elaborados, eludiendo cualquier posibilidad de generar soluciones reales en las
calles, en los barrios y en la gente, redundando en la deshumanización del
conflicto. Lo cual es una clara muestra de desconocimiento y debilidad a la
hora de asumir acciones concretas frente a situaciones como la pobreza y la
marginalidad, y a otras muy específicas como la Tregua para-criminal. Es así
como desde la miopía de la administración se movilizan grandes presupuestos y contingentes
de hombres armados en las comunas, fomentando la desconfianza y descrédito hacia
la fuerza pública y la institucionalidad por de parte de los ciudadanos.
En una confrontación bélica es fundamental ver el papel de la población civil involucrada, que ha sido parte integrante y víctima de los bandos enfrentados. En la historia del conflicto colombiano se deben reconocer los factores que han hecho estallar la inconformidad social, ya sea en el campo o en la ciudad, a niveles tan agresivos que se siguen sustentando en las armas. Es la ciudadanía empoderada de su derecho a la ciudad la que debe forzar a la institucionalidad a actuar conjuntamente y tomar este tipo de pactos, por macabros que sean, como una oportunidad para un Diálogo de Ciudad, los diálogos de paz no son y no deben ser solo en La Habana y la guerra no solo involucra a los actores que se han armado, ya que esta conocedora de su conflicto, sabrá formular soluciones acordes al mismo para lograr una paz con dignidad.
[1]
Éste es un concepto utilizado por Fernando Quijano, director de CORPADES, para
referirse a la mutación y la transformación que sufren los reductos del
paramilitarismo al quedar desarticulados de una estructura jerarquizada, que se
dedican exclusivamente a la consolidación de una economía criminal.
[2]
Más información en Verdadabierta.com en el siguiente link http://verdadabierta.com/justicia-y-paz/3606
[3]
Según lo denunciado por CORPADES y la Mesa de Derechos Humanos de Medellín,
dicha tregua se pactó el 14 de Julio en el municipio de San Jerónimo-Antioquía
y se refrendó entre el 22 y 23 del mismo mes en algún lugar de la ciudad.
