Los pasados 3 y 4 de febrero se reunió en Bogotá la comisión política del Congreso de los Pueblos para plantear los lineamientos generales en que debe dirigirse el ejercicio legislativo de este Congreso con miras a la construcción de un poder popular de nivel nacional. Lo que allí aconteció es algo que nos devuelve la esperanza en las posibilidades de que los sectores populares asuman una nueva dinámica en la confrontación de clases y en la construcción de propuestas propias. Tal vez lo más interesante que allí se evidenció fue la unanimidad de las organizaciones y las regiones en la idea de trascender la confrontación coyuntural del gobierno de Santos, ir más allá de las movilizaciones de protestas en contra de tal o cual reforma, para avanzar en la construcción de propuestas alternativas de mediano plazo para los sectores populares.
En este sentido, se acordaron tres líneas gruesas de trabajo a mediano y largo plazo: Tierra, Territorio y Soberanía; reivindicación integral de los derechos de segunda y tercera generación, DESCA (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales), y el fortalecimiento organizativo de las comunidades, dado que la lectura del momento político arroja como evidencia una debilidad profunda de las organizaciones populares, producida por la arremetida del neoliberalismo legal y armado en los últimos treinta años.
Por ejemplo, en la primera línea, se asume la necesidad de ir más allá de la confrontación de las perversidades de las leyes de víctimas y restitución de tierras; se plantea la realización en el próximo mes de mayo de un Congreso Nacional de Tierra, Territorio y Soberanía, para avanzar en la recuperación de las banderas y los ideales de los movimientos campesinos de una verdadera Reforma Agraria. Este congreso debemos empezar a prepararlo desde ya en las regiones.
La segunda línea estuvo más marcada por elementos de la coyuntura, en consideración a la “emergencia” invernal que afectó a tantos colombianos pobres, pero que el gobierno está aprovechando mediáticamente para propulsar su imagen, por un lado, y ajustar su plan de desarrollo con políticas todavía más lesivas. Entre ellas contamos el incremento de los impuestos, la reducción del gasto social en otros aspectos y, lo más importante, la eliminación de las Corporaciones Autónomas Regionales -CAR, que aunque perversas eran de alguna manera un obstáculo para la concesión indiscriminada de territorios para explotaciones mineras a empresas multinacionales, principal apuesta del gobierno Santos en materia de desarrollo económico.
En este sentido se sugiere una propuesta concreta: Que se destine a la reconstrucción de los pueblos diezmados por el invierno los recursos que el Estado percibe por el famoso impuesto de cuatro por mil en las transacciones financieras; no sobra recordar que este impuesto fue creado de forma arbitraria como medida de salvamento para las instituciones financieras, las mismas que han obtenido en la última década ganancias astronómicas con base en tasas de interés usureras (las más altas de toda América Latina). Que se declare con este mismo propósito la moratoria de la deuda, rubro que se traga más del 40% del presupuesto nacional; y, sobre todo, que se reduzca el gasto en seguridad, cuya proporción frente a la inversión social destinado por este gobierno es escandalosa: 80 billones para seguridad contra 11 billones para inversión social.
Esta propuesta, desde luego, exige una movilización inmediata de los sectores populares; sin embargo, la propuesta es que tal movilización no subsuma las fuerzas íntegras del movimiento popular en reivindicaciones de corto plazo y sea más bien el aliciente para la construcción de una propuesta integral frente a las reivindicaciones en materia de empleo, salud, educación y, en general, de una vida digna. En esta dirección, por ejemplo, frente a las políticas de mercantilización de la educación que se desarrollan en el país desde finales de la década de los 90 y que el gobierno de Santos pretende profundizar (¿Más?) se propone un Congreso Educativo para el segundo semestre de este año, jalonado por organizaciones estudiantiles y de profesores que participan en el Congreso de los Pueblos.
Nosotros creemos que, además de diseñar estrategias de confrontación a las políticas oficiales para la educación, este Congreso debe avanzar en la construcción de una propuesta de formación popular para los sectores populares del país, a fin de empezar a construir los perfiles de un nuevo sujeto revolucionario en nuestro contexto. Esto enlaza precisamente toda la propuesta del Congreso de los Pueblos en función de su última línea de acción: el fortalecimiento de las organizaciones populares.
En Periferia pensamos en una formación dialéctica de ese sujeto revolucionario, que vaya de la acción a la reflexión y viceversa. Y es que el ejercicio legislativo del Congreso de los Pueblos no puede reducir su accionar a la construcción de proyectos de leyes para llevar al Congreso de la burguesía, contando con el compromiso y el entusiasmo de las fuerzas políticas allí asentadas sensibles a la dominación y explotación de los pobres y marginados (cada vez más escasas). Eso también es importante, pero no suficiente.
El Congreso de los Pueblos es el pueblo en un ejercicio legislativo de autodeterminación. Pero este ejercicio legislativo no puede reducirse a la creación de leyes y normas que marcan pautas de conducta; es también la creación de un marco legítimo (aunque no siempre legal en el contexto de las leyes burguesas) para la acción. Esto implica de entrada la desobediencia colectiva a las leyes del Estado que nos subyugan y estrangulan. Pero sobre todo implican acciones concretas en la construcción de nuestro destino como pueblo, a contrapelo incluso de esas leyes.
No se trata entonces, por ejemplo, de crear una nueva ley de reforma agraria para someterla a discusión en el congreso; se trata de prepararnos en la acción para la realización de dicha reforma. El sujeto colectivo en que nos vamos convirtiendo debe ser aquel que se construye y fortalece en la lucha, que es lucha en la acción, pero también en el pensamiento. Ese, creemos, debe ser el reto del Congreso de los Pueblos, entendido como proceso de construcción de un nuevo sujeto para una sociedad nueva, que vamos construyendo paso a paso.
