Fotografía: Camilo Ríos
Las recientes movilizaciones en el país establecen un precedente en lo
que a fortalecimiento y avance del movimiento social y popular refiere. Paros,
huelgas, marchas, manifestaciones, pedreas, son algunas de las expresiones que
han logrado ponerse en los medios de comunicación y que han sido usadas por el
pueblo inconforme para reclamar lo que consideran como propio. En el siguiente texto se
desarrollarán algunos puntos importantes de las recientes movilizaciones, y se
señalará un posible marco donde la correlación de fuerzas se muestre como
favorable para el movimiento social y popular del país.
Un problema estructural
Recientemente han sido muchos y muy diversos los sectores que se han
movilizado: mineros, cafeteros, paperos, petroleros, mineros, profes,
trabajadores de la salud y la justicia, estudiantes, entre muchas otras
expresiones organizadas han salido a las calles, o se han manifestado
abiertamente contra políticas que se han venido implantando desde hace mucho,
pero que han encontrado su punto de agudización con este gobierno y con lesivas
reformas jurídicas para todos estos gremios.
Esto deja entrever un problema estructural en cuanto a las políticas que
se implementan desde el actual gobierno, que en cabeza de Juan Manuel Santos, ha desmejorado en general a los trabajadores con sus salarios y condiciones
laborales, que ha prácticamente abandonado sectores como la salud y la
educación y que ha favorecido la mercancía extranjera de bajo costo, despreciando
la producción nacional y dejándola en condiciones desfavorables, como es el
caso del calzado o del café.
Lo anterior se enmarca dentro de lo que se ha denominado como modelo neoliberal,
que a pesar de todo, si ha tenido una gran intervención del Estado en lo que a
la economía refiere, pues ha promovido una serie de facilidades especialmente
jurídicas para los grandes capitales transnacionales, especialmente de carácter
extractivo y ha puesto al cuidado de las grandes inversiones a la fuerza pública.
En este sentido, diferentes sectores como los mencionados anteriormente
han llegado a ese punto en el que no se aguanta más, en el que las condiciones
son tan adversas, que ya lo único que queda es movilizarse para ser escuchados,
promover paros y bloqueos en los casos más extremos, y sentar al gobierno a
dialogar y a buscar soluciones para las críticas situaciones que atraviesan la
mayoría de los sectores.
Acuerdos incumplidos
Frente a estos escenarios el gobierno se ha mostrado ingenuo e
intransigente. Ha extendido innecesariamente los paros al no lograr darle
trámite a las exigencias de las comunidades. No ha logrado responder de manera
adecuada a las organizaciones, y ha negado tajantemente los problemas
estructurales que ocasionan muchas de las movilizaciones. Además de esto, hay un
aspecto importante que es el incumplimiento de diversidad de acuerdos
realizados anteriormente con diversos sectores.
Este es un punto central del análisis, ya que la mayoría de las protestas
tienen un historial de mediano plazo en el que se encuentran protestas y
movilizaciones recientes que han sido terminadas a raíz del compromiso del
gobierno de establecer políticas que realmente favorezcan a los diferentes
gremios.
Ejemplos hay por montones, si vamos a ver los sectores que han
protagonizado movilizaciones recientes, encontramos acuerdos incumplidos a los
camioneros con lo que respecta al alza de la gasolina y el costo de los fletes;
a los cafeteros y cultivadores del país en general con los subsidios y precios
justos por sus productos, además de la promoción de Tratados de Libre Comercio
sumamente lesivos para el agro colombiano en su generalidad; a los campesinos
del Catatumbo (y de diversas regiones del país) con la creación de las Zonas de
Reserva Campesina y la detención de la erradicación de cultivos ilícitos; a los
estudiantes con el no promover diferentes políticas para la educación que no
sean consensuadas; a los mineros con la no legalización de la pequeña minería
ancestral y con las facilidades jurídicas para el actuar de las grandes mineras
transnacionales; y a los indígenas con la permisividad para el desarrollo de
diferentes proyectos extractivos y militarización en sus territorios.
Represión y estigmatización de la protesta
Para colmo, el trato que el gobierno de Juan Manuel Santos ha dado a la
gran mayoría de las protestas ha estado enmarcado básicamente en la represión y
la criminalización, dejando relegado, como ya se mencionó anteriormente, el
diálogo con los protestantes. Esta táctica, ha respondido a una constancia
histórica de los gobiernos de este país, que al ver movilización social,
responden con señalamientos para deslegitimar las luchas.
Así, el gobierno se ha hecho el sordo ante las peticiones de las
comunidades, y ha prolongado innecesariamente paros y bloqueos priorizando un
tratamiento militar, y en todo caso, respondiendo con la brutalidad de la
intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD- (que entre otras cosas
debería ser abolido), que procede de una manera bárbara e inhumana, sobrepasando
cualquier tipo de racionalidad y dejando heridos y lisiados por doquier.
Además de ello en algunos casos, como en el Cauca, en el Catatumbo, o más
recientemente en Bogotá y sus municipios aledaños que han protagonizado grandes
movilizaciones en el reciente paro agrario, el estado colombiano ha hecho uso
de sus fuerzas militares (Ejército Nacional), causando varias muertes, y
enfrentando palos y piedras contra munición de fúsil. Violando claramente los
postulados del DIH, y comprometiendo la vida de los manifestantes que hacen uso
de medios legítimos para sus reivindicaciones.
Sumado a esto y valiéndose de los medios de
comunicación hegemónicos del país, desde el ejecutivo se ha señalado y
criminalizado la gran mayoría de las protestas, empleando el argumento de que
están infiltradas por las guerrillas, además de afirmar imprudentemente la
pertenencia de los líderes y promotores de las protestas con dichos grupos. Lo
que claramente pone en riesgo la seguridad de estos personajes y los expone
ante el ojo judicial legal, y paramilitar parailegal.
¿Panorama alentador?
El movimiento social ahora tiene mucho a su favor, ha logrado canalizar
las energías e inconformidades a través de paros y protestas que se han hecho
extensivos a lo largo y ancho del país. Ha logrado posicionarse en los medios
de comunicación y ha sentado al gobierno y ha demostrado su abandono y
negligencia para con las necesidades de la gente.
En el momento en el que la correlación de fuerzas se muestra favorable
para el movimiento social popular, este debe de aprovechar y avanzar con todas
sus fuerzas en busca de reivindicaciones concretas con miras a luchar por las
grandes transformaciones que el país requiere. Deben dejarse en el pasado
viejos sectarismos y vicios que han impedido una victoria significativa de la
izquierda colombiana, lograr crear agendas conjuntas donde se recojan el grueso
de las diversas posturas, y avanzar conjuntamente en movilización y discusión
programática.
Además, es importante que se avancen en estos puntos desde el movimiento
social, ya que los diálogos en La Habana entre el gobierno y las FARC, y el
posible inicio de una mesa con el ELN, han copado la agenda mediática y del gobierno,
y es más que fundamental que desde el pueblo organizado también se logre
incidir y modificar esta situación, y establecer coyunturas propias donde los
postulados y agendas populares, más allá de lo que puedan plantear los grupos
armados o el gobierno, sean los que verdaderamente valgan.
Finalmente, se hace necesario que el movimiento social también haga
presencia en lo urbano. En los últimos meses hemos apreciado como la mayoría de
las protestas con gran incidencia y capacidad de acción se han desarrollado en
el campo: campesinos, mineros, indígenas y afros han logrado articularse y
llevar a cabo sus protestas. Sin embargo, el construir un movimiento desde las
grandes ciudades, en los barrios, en los colegios, en las universidades y en
los sindicatos es fundamental para no solo apoyar lo que se pelea desde lo
rural y demostrar esa gran solidaridad, sino para consolidar procesos
transformadores en todo el país.
