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La Universidad, nuestra Universidad, la Universidad Pública que queremos pero que no tenemos porque es estatal antes que pública, esa, nuestra Universidad, sufre por las políticas que determinan su funcionamiento en todos los ámbitos, ya que estas vienen desde muy arriba y no cuentan con la participación directa de estudiantes, maestros, trabajadores, y mucho menos de la sociedad en general.
Como ejemplo de esto tenemos los muchos ataques, no solo por parte de la fuerza “pública” (como mucha gente suele creer), que ha sufrido la Universidad durante tanto tiempo, y que en este año se han hecho más fuertes, como el detrimento presupuestal, el irrespeto a la autonomía universitaria y la gran cantidad de violaciones a los derechos de bienestar que perturban hoy el ambiente de estas instituciones.
Para empezar por un problema básico, el desfinanciamiento del que tanto se ha hablado en las Universidades Públicas se hace más preocupante cuando este desemboca en consecuencias graves: desaparición de un verdadero bienestar, existencia única de programas de PREVENCIÓN, falta de presupuesto para planta docente, extensión e investigación que ahora son entendidas como servicios para empresas privadas; todo ello tiene como consecuencia final la privatización gradual de la Universidad Pública y su no muy lejana privatización TOTAL. Debemos resaltar que el problema financiero que sufren las Universidades en todo el país es tan grave e inminente que tanto el rector de la Universidad Nacional (la más importante del país), como el de la Universidad de Antioquia (la segunda más importante), reconocen el problema públicamente pero no toman acciones concretas en aras de solucionarlo.
Añadido a esto, los problemas de democracia con los que cuentan gran número de centros de educación superior cumplen un papel demoledor en lo que respecta a las relaciones de poder, evidenciado esto en la forma autoritaria en que se toman las decisiones importantes, siendo asumidas totalmente por las administrativas de los campus y por los entes estatales que las controlan, y destruyéndose toda posibilidad de construir espacios realmente democráticos en donde el direccionamiento de los centros educativos respondan al consenso de estudiantes, profesores y trabajadores.
Además vemos como es violada en su totalidad la autonomía universitaria, y no sólo en cuestión de territorio (con el ya conocido ingreso de la fuerza “pública” a las U), sino también en lo que refiere a investigación, resaltando el despido injustificado del director de investigaciones de la SIU (en la U de A concretamente), y el direccionamiento de los proyectos a los intereses de las empresas privadas, la modificación de mallas curriculares acorde a las exigencias del mercado y sin tener en cuenta los intereses de una sociedad y las necesidades de un país.
Sin embargo, no podemos olvidar que aunque la comunidad universitaria en general se muestra apática ante toda esta situación, hay grupos que luchan por rescatar esa dignidad y por conquistar una universidad pública. Tal vez estos grupos necesitan más articulación, encontrar puntos comunes para hacer una lucha conjunta, más de trabajar de la mano para que los resultados sean fructíferos y positivos.
Es necesario apuntarle a la apertura de espacios para la discusión y la integración de todos, y a la construcción de una Comunidad Universitaria que asuma la necesidad y el compromiso de generar procesos de cambio, no solamente en la Universidad sino también de la sociedad en general.
