El movimiento estudiantil y su papel en la construcción de paz


Identidad Estudiantil U de A - Oficina Estudiantil UN
Las universidades han llegado a ser así fiel reflejo de estas sociedades decadentes
que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil.
Por eso es que la ciencia frente a estas casas mudas y cerradas,
pasa silenciosa o entra mutilada y grotesca al servicio burocrático.
Manifiesto de Córdoba - 1918
El documento que se presenta a continuación fue construido en el marco de las V Jornadas Universitarias “Construyendo Universidad Popular”, en las que Identidad Estudiantil de la U de A, y la Oficina Estudiantil de la UN nos hemos articulado para abrir espacios de debate crítico y propositivo en los escenarios universitarios de la ciudad.
A partir de diversas lecturas y discusiones entre los dos procesos hemos construido la ponencia “El movimiento estudiantil y su papel en la construcción de paz” la cual hemos dividido en tres partes. En primera instancia señalaremos unas breves nociones generales sobre lo que se entiende por paz (desde diferentes posturas), además del contexto en el que se encuentra el país respecto a ella y los actores que consideramos deben ser partícipes de la misma. Posteriormente daremos unos visos de lo que consideramos es la educación haciendo énfasis en el papel que desarrolla en el espacio universitario y posteriormente terminaremos con los diferentes avances que desde el movimiento estudiantil se han dado respecto a la construcción de paz en el país.
¿Qué es eso de la Paz?
Como bien sabemos, la coyuntura del país desde hace aproximadamente un año se enmarca en el proceso de la mesa de negociación. Así, desde la declaración abierta del inicio de los diálogos oficiales del gobierno con las FARC para la terminación del conflicto, todos hablan de paz: el gobierno, las guerrillas, los medios de comunicación, las organizaciones sociales, los académicos e intelectuales… El país se ha puesto en sintonía de ella, sin embargo, muchas y muy diversas son las miradas acerca del tema, y vale entonces preguntarse ¿qué se entiende por paz y qué por conflicto? ¿Quiénes son los actores que participan en esta paz? ¿El fin del conflicto armado, necesariamente significa la consecución de la paz? ¿Paz con justicia social o Paz por medio de la justicia social? Entre otras que se irán desglosando a lo largo de la exposición de las presentes ideas.
Para entrar en ideas concretas acerca de lo que puede ser la paz, nos hemos basado en la cartilla “El conflicto sociopolítico colombiano y la construcción de paz transformadora y participativa”, realizada por el investigador Esteban Ramos, y promovida por una gran cantidad de organizaciones sociales de todo el país como el CNA, Fedeagromisbol, la ACIN, Paz con Dignidad, entre otras. Dicha cartilla propone cuatro tipos de paz que presentaremos a continuación y que se pueden dar, a través de la guerra, de las negociaciones, o de la participación activa del movimiento social.
En primer lugar, la idea de que exista una victoria militar por parte del gobierno es una idea que excita a unos pocos, pero que aún sigue viva, no solo en las posturas oficialistas, sino en una parte de los sectores económicos del país, así, encontraríamos el primer tipo de paz, que es “la paz que desea el gobierno”, en donde no existe negociación, ni desmovilización, ni cambios en los sistemas político y económico, y en donde la guerra se culmina a través de una derrota militar de las insurgencias, que facilita, claro esta, la perpetuación de un modelo político, económico y social excluyente y al servicio de los grandes capitales.
El segundo tipo de paz propuesto es la paz negativa. En este escenario se plantea la inminente necesidad de parar el conflicto armado, sin embargo, en el análisis, este se encuentra separado del conflicto social, político y económico. Se desconocen entonces las causas estructurales del conflicto, y no se postulan cambios en el sistema político que sigue siendo totalmente legítimo. Además de ello, se considera que la sociedad civil está representada en el Estado.
En tercera instancia se encuentra la paz positiva, en la que la sociedad civil (organizaciones sociales, gremios económicos, iglesia) es un actor diferenciado del Estado a la hora de una negociación. Así se reconoce su importancia y con ella la posibilidad de transformar algunas cuestiones estructurales del sistema político y económico.
Por último se encuentra lo que la cartilla propone como paz transformadora, que a diferencia de las anteriores considera la paz como un proceso y no como un resultado. En esa medida toman vital importancia la discusión de los modelos político y económico excluyentes y la transformación de estos. Además, el pueblo organizado es un actor prioritario ya que es el encargado de construir modelos convivenciales en los cuales se promueva el buen vivir desde los territorios.
En este sentido diferentes organizaciones sociales y populares a lo largo y ancho del país se han venido agrupando para materializar la paz transformadora que han venido construyendo desde sus territorios. La idea de articular procesos a nivel nacional, es de suma importancia a la hora de realizar cambios estructurales en todo el país, y es aquí donde procesos como Marcha Patriótica o Congreso de los Pueblos adquieren relevancia.
Como parte activa de los actores que se han dado a la tarea de construir perspectivas transformadoras y participativas en torno a la paz, está el estudiantado colombiano, que a pesar de sus diferencias ha tratado de encaminar procesos por la construcción de paz en el país. Así, los estudiantes se han manifestado básicamente a través de la MANE (Mesa Amplia Nacional Estudiantil) y por medio de la participación en diferentes plataformas como las ya mencionadas anteriormente. Este, es el punto central de la ponencia, y para desarrollarlo, antes se arrojarán algunos aspectos claves en torno a la educación y su papel en la sociedad.
La Educación y los campos de combate
La educación entendida como práctica social se ha caracterizado por ser un proceso mediante el cual se reproducen un conjunto de normas y valores establecidas, que finalmente son las que van a permitir la permanencia y consolidación del status quo. Así la educación se ha institucionalizado y oficializado, a través de escuelas, colegios, centros de educación superior, además de las familias e iglesia (religión), principales instituciones encargadas de la educación.
Además de lo que podríamos considerar como perspectivas dominantes o hegemónicas en la educación, al interior de esta se han gestado también perspectivas críticas, que, al decir de Estanislao Zuleta, proponen la educación como un campo de combate, y que confrontan las posturas oficialistas, con posturas liberadoras, que no buscan la reproducción de los valores y normas establecidas. Así, vemos en la educación, por su carácter socializador, un campo para la lucha de ideas, y un pilar fundamental para procesos de transformación social por la posibilidad de construir patrones éticos y culturales totalmente distintos.
La discusión sin duda alguna se complejiza cuando hablamos del espacio universitario, ya que, este ha sido entendido como un espacio fundamental en la construcción de conocimiento, acorde con las necesidades de la sociedad. Ha sido por historia el escenario crítico, y en parte rebelde (recordar los estudiantes de Córdoba), donde se han gestado diversidad de movimientos de oposición y de proposición. Es así, como entendemos la importancia que tienen los espacios universitarios en la disputa por el conocimiento ya que para los que detentan el poder, la universidad es un espacio valioso que genera intelectuales que pocas soluciones dan a los problemas reales de la sociedad. En relación a esto el Frente Popular Dario Santillan plantea que “la universidad es un trinchera fundamental en esta lucha. Entendemos la importancia de cuestionar y criticar el conocimiento que la universidad produce, el tipo de profesionales que forma, y los intereses y necesidades a los que esta institución responde, para avanzar en la disputa ideológica y en la lucha por una universidad orientada a satisfacer la necesidades del pueblo; y problematizar acerca de la socialización del conocimiento y del rol de una universidad restrictiva en este proceso”.
Lo anterior marca un precedente importante, y es entonces el papel que juega la educación y en este caso la universidad en la solución a las problemáticas que aquejan a la sociedad de la que esta hace parte, aunque no seria solo esto, es el preguntarnos también por el papel que han jugado los sujetos que habitan los campos universitarios en la solución a estos problemas, ya que la institución universidad, tiene muy claro el rol que desempeña en la sociedad pero otro son los intereses que puedan tener las personas que integran dicha institución.
Como parte de este contexto de una universidad (o por lo menos parte de los que le dan vida: estudiantes, profesores, trabajadores) se han ido constituyendo diferentes perspectivas respecto a la paz y su transformación. Es así como a continuación veremos las diferentes apuestas que ha tenido el movimiento estudiantil en el último tiempo, que a pesar de no ser homogéneo en sus postulados y actuaciones, ha tratado de articular a través de su trabajo sectorial, y en diversas plataformas, diferentes apuestas por la paz.
El movimiento estudiantil en la construcción de paz
Como es bien sabido, en Colombia se han librado diversos procesos de negociación entre gobiernos y grupos armados, los cuales han intentado por diversos medios parar la guerra que se vive en el país y buscar caminos para conseguir la paz; sin embargo, estos procesos se han visto truncados por los intereses de cada uno de los actores que han sido partícipes de los mismos.
Haciendo una revisión histórica rápida, encontramos que dentro de los actores que han intentado tal hazaña se encuentran lógicamente los hacedores de la guerra, ya sean militares, paramilitares o guerrilla, pues han sido estos los que han buscado por diversos medios acabar con la guerra, ya sea por la derrota total del enemigo o por una salida negociada al conflicto.  Sin embargo, no han sido los únicos actores que han intentado hacer parte de esta trágica comedia de la realidad colombiana, dado que otros sectores de la sociedad en especial los sectores populares y las organizaciones sociales han caminado históricamente en busca de la paz con justicia social, ahora bien el movimiento estudiantil no se escapa de este fenómeno y ha procurado hacer parte de estos procesos.
Es así como el movimiento estudiantil se ha convertido en un actor más en la búsqueda de la paz en Colombia y más que en la búsqueda de la paz en la construcción de un país con vida digna, pues al voltear la mirada hacia atrás e intentar hacer una retrospectiva del mismo, ubicamos unas tendencias en su quehacer político, que nos permitirán demostrar cómo dicho actor no solo ha protestado por lo que a su sector concierne, sino que ha puesto su voz de protesta en otros aspectos.
Como primer elemento esta el acción-reacción, es decir, los y las estudiantes de Colombia históricamente hemos desarrollado nuestras protestas en respuesta a la represión estatal, o a medidas adoptadas por el gobierno, medidas que pocas veces tienen que ver con la educación superior, por ejemplo, los PND. Esta característica del movimiento estudiantil, evidencia que el inconformismo, como rechazo al orden establecido ha estado, y se ha mantenido a través de su historia.  
Como segundo elemento estaría entonces el trabajo hacia afuera del sector o intersectorial como le suelen llamar en el mundo de la política. Esta característica del estudiante ha sido una tendencia histórica en su desarrollo como actor político, pues en diversas ocasiones de la historia del país los y las estudiantes han desbordado su trabajo estudiantil para dedicarse al trabajo con comunidades organizadas intentado poner en diálogo los diversos saberes que allí se encuentran para unir fuerzas que permitan mayores cambios en la sociedad colombiana, aunque este no ha sido el único interés del estudiantado colombiano, pues habría que mencionar que el movimiento estudiantil ha intentado organizar políticamente sectores oprimidos de la sociedad para que asuman un papel protagónico en la transformación del país.
Como tercer y último elemento estaría entonces el trabajo propiamente estudiantil o sectorial, pues  esta es la principal  característica del movimiento estudiantil, la lucha por el conocimiento, ya sea por el acceso a este o por intentar que se pueda realizar una real socialización del mismo.
Aquí podría surgir la pregunta de para que nos sirve esta categorización, ante lo cual planteamos que el objetivo central es evidenciar cómo el movimiento estudiantil ha desarrollado un trabajo que se escapa de la defensa de la educación misma y ha buscado por diversos medios la transformación no solo de la forma como ésta se estructura en el país, sino las causas estructurales que asi la han mantenido, es decir, ubicar el problema no solo en el papel que juega la educación en la sociedad sino a quién o a quienés beneficia la forma como esta se imparte.
Ahora bien no ha sido solo el movimiento estudiantil quien desde su quehacer como sector ha intentado buscar la paz para Colombia, dado que profesores, estudiantes de secundaria y diferentes organizaciones constructoras de una educación liberadora  lo han intentado por igual, así que hay momentos en los que haremos referencia al sector educativo como un actor que ha levantado su puño y ha alzado su voz exigiendo justicia social.
Después de mirar ciertas características del movimiento estudiantil tendríamos que abordar el presente del mismo, y desarrollar cuales son sus perspectivas en este proceso de negociación al conflicto social, político y armado y de paso sus desarrollos sobre la paz que necesita el país.
La MANE, como la última expresión organizativa del estudiantado colombiano ha venido desarrollando aportes a la búsqueda de la paz en el país, pues en sus desarrollos o intentos de construir una ley alternativa de educación superior, ha planteado unos argumentos que intentan develar cómo el conflicto social, político y armado tiene cabida en los espacios académicos, y no solo ubicar los problemas de la educación, sino como la educación puede contribuir a la construcción de una país con soberanía, democracia y paz.
Para abordar el tema del movimiento estudiantil y su perspectiva de paz, se nos hace necesario retomar algunos elementos que se han arrojado en distintos documentos que han salido de la Mane, antes de entrar en los detalles habría que mencionar que hoy día la MANE, demuestra con sus actos y discusiones que el manifiesto de Córdoba sigue vigente casi 100 años después, pues la discusión por autonomía y democracia universitaria ha tomado mucha fuerza últimamente en las universidades del país y más con la militarización que se ha hecho de las mismas.
En relación con lo dicho anteriormente, la autonomía universitaria es uno de los puntos que más relación tiene con la negociación al conflicto armado, aunque este punto puede ser muy general y engloba bastantes elementos problemáticos, se ha venido planteando la  desmilitarización de los campus universitarios, dado que la única solución que el gobierno encuentra a las problemáticas que viven las universidades es reprimiendo a los y las estudiantes, y las administraciones o los entes que gobiernan las universidades no han tenido la valentía de poner su voz de rechazo ante esta situación demostrando una vez más cuales son sus intereses.
Por otra parte la MANE ha manifestado su oposición a las políticas guerreristas del actual gobierno (que como vimos en la primer parte de esta ponencia, prioriza la solución militar del conflicto armado), manifestándose en contra del alto presupuesto que se le destina anualmente a la guerra, y haciendo una fuerte crítica del poco, que se le destina a la educación, ya sea para su funcionamiento anual, o para ayudar a subsanar el déficit de más de 11 billones con el que cuentan las universidades públicas del país.
En esto la MANE y otros sectores sociales han sido muy insistentes, en que el presupuesto que necesita la educación está en la guerra, pues mientras un estudiante le cuesta al estado 8 millones de pesos un soldado puede estar valiendo 21 millones de pesos, esto solo por poner un ejemplo, ya que el solo traje que porta un agente del ESMAD cuesta $ 3,600.000 aproximadamente mientras que las políticas de bienestar estudiantil son cada día más precarias, y mientras el déficit económico de la universidades es de 11,2 billones de pesos el gobierno destina para la guerra 26,1 billones de pesos.
Además de esto, la MANE también ha manifestado la necesidad del respeto por la movilización, no solo como sector estudiantil, sino también de otros sectores. Pues claro esta que el gobierno sale a hablar de paz, a la vez que reprime la movilización, criminaliza la oposición, judicializa sus líderes, entre otras medidas que son asumidas como estrategias para contener el avance del movimiento social. Dado esto, el movimiento estudiantil se ha manifestado en contra de las estrategias del gobierno, y se ha pronunciado a favor del respeto a la movilización como una verdadera garantía para la construcción de paz en el país.
Con lo anterior, no pretendemos en ningún momento hacer una apología del movimiento estudiantil colombiano, sobre el cual, tenemos diversidad de críticas, y que, asumiendo nuestro papel como activistas hemos planteado, y trabajado para tratar de dar trámite a esos aspectos que son obstáculos en la construcción como un movimiento unido y fuerte.
En este sentido, tenemos muy claro que al interior de la MANE, existen diferentes tensiones que han limitado el papel activo del movimiento estudiantil como un sujeto constructor de paz. Pocas han sido las discusiones que se han abordado en concreto de este tema, su caracterización es limitada (más allá de proponerse como un concflicto integral, social, político y armado), y no hemos avanzado en como ser partícipes en concreto. Esto tal vez se deba al eterno sectarismo, que claro esta, no solo se da en las esferas del movimiento estudiantil colombiano, sino en gran parte del movimiento social colombiano, y sumado a esto, las diversidad en las lecturas e intereses, la priorización de otras discusiones como la de construcción de ley, y la falta de pensarnos y desarrollar espacios en concreto para discutir el tema de la paz.
Como se mencionó anteriormente la MANE o el movimiento estudiantil no son los únicos actores en este proceso, pues hay otras organizaciones que también desarrollan su trabajo desde lo educativo que se han sumado a esta labor. Es el caso del congreso educativo de los pueblos que busca la articulacion de los diversos procesos y personas que ven en la educación una herramienta más para la construcción de un país con vida digna.
Desde este proceso que surgió como un mandato de la instalación del congreso de los pueblos se plantea que:
“Los fines de la educación colombiana están dirigidos a profundizar los valores que el modelo económico ha infundido, a resaltarse principalmente el Individualismo, el egoísmo, la competencia que se reflejan principalmente en las normas que regulan la educación básica, media, la educación superior. Los decretos que regulan la actividad docente, las evaluaciones de competencias, las limitaciones para el acceso a la educación en todos sus niveles, los arreglos de los planes académicos para las distintas instituciones educativas, permiten entrever, que nuestra educación lejos de ser un derecho, es un bien disputado por quienes la defienden y entre quienes han comandado la guerra en Colombia”.
De este proceso poca gente sabe de su existencia y  ha sido difícil su corto caminar, pero aun así, uno de sus encuentros, denominado educación para la paz, arrojó elementos esenciales para la comprension de la paz y la consecución de esta por medio de la educación. Pues si la paz es vivir dignamente, la educación juega un papel fundamental en este proceso y no es precisamente la alfabetización o adquisición de un diploma que nos permita ascender en la escala social, por el contrario es la posibilidad de ver en la educación como práctica social soluciones reales a muchos conflictos que atraviesa el pais, pues es ilogico solucionar un conflicto armado cuando nos estan educando para la guerra, cuando la competencia es una de las características principales del modelo educativo colombiano, cuando el egoísmo y el individualismo priman en las aulas de la clase y más aún cuando la exclusión social se hace manifiesta.
Si bien desde el congreso educativo se intenta consolidar un movimiento por la educación que pueda pelear por los derechos que en esa materia se nos han negado, es también la posibilidad de mandatar una propuesta educativa para el país, es la posibilidad de pensar que educación necesitamos para construir esos hombres y esas mujeres que van a forjar un país con vida digna.
Así pues que la perspectiva del movimiento estudiantil y del sector educativo en relación con la construcción de paz, no ha estado guiada por la necesidad de estar en una mesa de negociación, sino que por el contrario ha sido más la posibilidad de plantear elementos esenciales a tener en cuenta en la construcción de una paz con justicia social.
Solo queda por decir que:
Nuestra paz, es la paz con cambios! La paz es acceso a los servicios públicos de manera gratuita, paz es salud y vivienda, paz es soberanía y autonomía nacional, paz es educación para todos y todas.

Octubre 2013

En tiempos difíciles… ¿Qué politólogos?


Colombia anda hoy por caminos difíciles, tanto por las innumerables acciones de protesta que desestabilizan gobiernos locales, departamentales y primordialmente el nacional, así como porque estas mismas son expresión de nuevas formas de accionar de ciertos sectores y clases sociales, son resurgimiento de la acción colectiva en un país que estuvo diezmado por el  terror estatal y paramilitar en las últimas décadas. Pero resulta aún más difícil observar y analizar el país político cuando hoy se desarrollan nuevamente escenarios de diálogo entre la insurgencia y el Estado, sean los que avanzan en la Habana con las FARC o los que se presumen podrían comenzar prontamente con el ELN, ambas organizaciones guerrilleras, las más viejas de toda América Latina y el mundo.

Siendo difícil y compleja la actual situación política colombiana, en términos de la relaciones entre Gobierno y “Gobernados”, así como entre Estado y Rebeldes, resulta aún más complejo y complicado emprender un análisis sobre estos temas que nos arrojen indicios frente al porvenir del país “del sagrado corazón de Jesús”.

En esta ocasión no pretendo establecer ideas que abonen la gran cantidad de análisis que abundan en periódicos, revistas o en gran cantidad de páginas en la web. Lo que quiero es expresar mi profundo inconformismo frente a la decadente academia que no hace más que hacerse ajena de la realidad social colombiana.

No vamos a hablar desde la generalidad ni mucho menos desde la abstracción. Esta es nuevamente una letra que lleva fuego y que posiblemente quemará o generará resentimiento en algunos, varios o muchos. Ojalá lo logre.

Recuerdo que hace unos años, en la facultad de ciencias oscuras y econométricas de la universidad “nacional” sede metrallo, se difundió un texto que se titulaba: ¿Formación de politólogos o entrenamiento de burócratas? Este generó una gran discusión en las aulas porque, según algunos, manifestaba equívocamente una impresión sobre la carrera de ciencia política, mientras otros, a costo de un reconocimiento que demostraba inconformidad, asentían frente a la crítica que allí se expresaba, la profundizaban y evidenciaban al reír con los o de los que se pasean de buró en buró, en las palomeras, malgastando recursos, cuando no apropiándolos extraña o inmerecidamente.

El documento logró su objetivo, ante la pregunta que llevaba por título recibió respuestas desde diversos puntos y perspectivas, de hecho revivió la posibilidad de hacer del debate parte de la cotidianidad de la “comunidad universitaria”, de retomar el hermoso ejercicio de conversar sobre nuestras realidades en una clase o fuera de la misma, de dialogar y discutir sobre nuestras apreciaciones de la actualidad social, política, económica, de la ciudad, el país o el mundo.

Sin embargo, ese texto llevaba consigo una sustancia vital, una crítica profunda a las raíces del proceso de-formador que se desarrolla en esta facultad, y en la universidad en general, era una sátira a la triste realidad que hoy sigue vigente, principalmente en el marco de lo que se encuentra instituido, porque hay que reconocer que algunos estudiantes de Ciencia Política vienen avanzando en la construcción de alternativas para la carrera en su conjunto.

Y toda esta palabrería para llegar al meollo del asunto. Es incomprensible que los politólogos que se “forman” en la principal universidad pública de Colombia no tengan en su currículo asignaturas tan vítales e imprescindibles para el análisis del país como lo son: Movimientos Sociales e Historia del Conflicto Armado en Colombia. Sé que pueden ser muchas más las faltantes, pero ante la mirada de la Colombia del 2013 me pregunto: ¿Cómo estarán pensando y analizando los politólogos los procesos de paz? ¿Qué análisis habrán elaborado o estarán elaborando en el marco de las protestas, movilizaciones y procesos sociales y populares que se vienen constituyendo en los últimos años o más precisamente en el 2013? ¿Será que hay los elementos de análisis para desarrollarlos? O peor aún ¿será que hay los intereses?

Es por esto que se hace necesario recordar y remarcar el tipo de educación que se imparte, porque así sucede, el conocimiento lo imparten, no es producto de una construcción colectiva como algunos o muchos quisiéramos. Y sabiendo que así es el modelo educativo, es preciso anotar que si este tipo de materias o temáticas no son parte del proceso “formativo”, ello tiene que ver con el tipo de profesional que se busca producir: el supuesto profesional ausente del campo político, el ausente de la lucha de ideas, el siempre ausente de la praxis que requiere Colombia, así lo buscan moldear, como al tecnócrata para que mantenga a todos felices con pan y circo, con dinero y prosperidad.

Pero no lo logran, y tal vez aún sea difícil que la hegemonía del modelo sea total, aún se escuchan posiciones inconformes y transgresoras, aún se cultiva el pensamiento crítico, de hecho algunos pensamos que aún yendo por difíciles caminos se abren posibilidades para construir cambios en diferentes esferas y escenarios, todo dependerá de la capacidad para afrontar las situaciones y del interés por hacernos parte y asumirnos como sujetos de cambio.

Sea esta una invitación para mantenernos y avanzar, desde la academia –la institucional actual deformadora–, desde la “otra” academia –la que construimos colectivamente–, desde la lucha social y popular en todos los rincones de los territorios que habitamos.

El otro 11 de septiembre


Existe otro 11 de septiembre. Otro 11 de septiembre diferente al de las Torres Gemelas. Existe otro 11 de septiembre que no conmemoran los medios, en el que los grandes homenajes se viven en las calles y no en televisión. Otro 11 de septiembre triste, pero digno y rebelde. El 11 de septiembre de la desesperanza y de la esperanza, de los sueños, del No perdón, del No olvido, el 11 de septiembre de 1973, de la memoria, de la Unidad Popular, de Chile, de Latinoamérica, de Salvador, del fascismo que odiamos, del socialismo democráticamente constituido y violentamente exterminado.
No nos cansaremos de recordarlo, ni de conmemorarlo, ni la muerte de Allende, ni los miles de encerrados, torturados y asesinados en el estadio de Santiago en donde posteriormente la selección de fútbol de la URSS se negaría a jugar el partido de vuelta de repechaje para un cupo al mundial de Alemania del año siguiente. No se podía ser patrocinadores de semejante barbarie, no había motivos para jugar en dicho escenario, lleno de sangre, y que en medio de un incólume silencio clasificaría a Chile al mundial. Esto solo como una historia más, de las miles que no se cuentan de esos días de 1973 y los años venideros con la dictadura.
Para 1970, en Chile, las elecciones darían como ganador a Salvador Allende. Algo contradictorio, ¡un presidente de talante marxista, elegido bajo un método liberal! sin duda alguna, novedoso, y para algunos, tal vez esperanzador.  Sin embargo el gobierno de Allende no fue fácil, la propaganda e injerencia de Estados Unidos en el país austral torpedearían sus planes, y terminarían, finalmente, por quitarle la vida y por instaurar el fascismo.
Aquella época era bastante álgida: guerra fría, tensiones y dictaduras era lo que copaba el plano político en todo el planeta. En Latinoamérica el ejemplo era claro: Cuba, esa pequeña isla símbolo de la resistencia, y que más que el modelo a imitar, era (es) la viva imagen de que el socialismo si era (es) posible en estas tierras, y que podía ir más allá de Europa oriental y todo lo concerniente a la URSS.
No obstante, Estados Unidos había desplegado todo su poderío ideológico y militar sobre estas tierras. No podía permitir la expansión del comunismo, pues este no les permitiría acceder a toda costa a la diversidad y las riquezas latinoamericanas. Y Chile, desafortunadamente ese Chile de la Unidad Popular, fue su experimento más bien logrado. Derrocarían a un presidente, a un pueblo, e instaurarían la dictadura fascista por 17 años, que en cabeza de Augusto Pinochet (que en paz no descanse) agenciaría un modelo económico neoliberal, acorde con los intereses del capital, a la vez que desaparecía, torturaba y asesinaba a la oposición, de cualquier tipo. (Ver imágenes del golpe)

Fueron años del silencio, de crímenes que permanecen impunes, pero hoy Chile y Latinoamérica, sus pueblos y sus gentes, luchan por la dignidad y la memoria, pisarán las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, no olvidarán a los muertos, a los torturados y desaparecidos, no perdonarán las atrocidades ni la barbarie. No serán más cómplices con el silencio, seguirán haciendo memoria, y construyendo una Latinoamérica diferente. 
¡Hoy, a 40 años, Salvador, la Unidad Popular y todos sus muertos, viven más que nunca!


Represión a la protesta social: Una política de Estado

Por: Escrítica
Fotografías: Yojan Valencia


La ola de protestas que se vive actualmente en el país ha tenido varios protagonistas. En primer lugar se encuentran los manifestantes: campesinos, mineros, transportadores, estudiantes, pobladores urbanos, entre muchos otros, que han salido a las calles, bien para defender sus justas reivindicaciones, o en apoyo y solidaridad a las de otros sectores.
Por otro lado está el gobierno nacional, quien al principio del paro salió en cabeza del presidente Santos a negarlo todo, a decir que “el tal paro nacional agrario no existe”[i]. Posterior a esto, y ante la obviedad de la situación, ese mismo gobierno intentaba instalar mesas de negociación con los distintos sectores en paro, mientras reprimía de la manera más violenta y cruenta a los manifestantes “inexistentes”.
En medio de esta relación, y como “persuasor” de desbloqueos, se encuentra el Escuadrón Móvil Anti Disturbios de la Policía Nacional, quien desde su fundación en 1999 actúa supuestamente para “Apoyar al Departamento de Policía en la prevención y control de multitudes, con personal altamente capacitado en manejo y conciliación de masas, en la protección de los Derechos Fundamentales, con el fin de restablecer el orden, la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos”[ii].


Sin embargo, aunque se mencionen términos como legalidad y respeto a los Derechos Humanos, como ha podido evidenciarse en estos últimos días, y como es bien sabido para quienes hacemos parte activa de los procesos de movilización en el país, estas palabras están presentes únicamente en el discurso y no tienen mucho que ver con las actuaciones cotidianas de esta institución.
Y es que durante estas dos semanas fueron muchas las denuncias realizadas por las actuaciones del ESMAD en todo el país, las cuales dejaron a cientos de personas heridas e incluso dejaron un trágico saldo de varios muertos, entre ellos varios menores de edad[iii].
Esta situación generó tanto revuelo en la opinión pública, que por estos días se ha iniciado un fuerte debate acerca del desmonte o no de este escuadrón[iv]. Para desarrollar esta discusión es importante tener en cuenta varias cuestiones: en primer lugar, que las violaciones a los Derechos Humanos durante este paro se han dado en distintas regiones del país, alejadas las unas de las otras; y en segundo lugar, no es la primera vez que se denuncian los vejámenes de esta institución en contra de la población manifestante, lo cual da cuenta de que este tipo de actos no refieren a abusos de autoridad por parte de algunos uniformados sino que hacen parte del accionar sistemático del ESMAD[v].
Estas dos situaciones, aunadas a las declaraciones del Ministro de Defensa, quien hace caso omiso a las peticiones de desmonte y por el contrario pretende duplicar el pie de fuerza que hace parte de este escuadrón[vi], hacen entrever que el tipo de medidas usadas por esta institución, son parte constitutiva de una política de Estado, enfocada a diezmar por cualquier medio la protesta social, pasando incluso por encima de los Derechos Humanos.
Es por todo esto, que como grupo de trabajo, abogamos no por la recomposición del ESMAD, mucho menos por su duplicación, sino por su desmonte, porque ya no queremos más víctimas como Nicolás Neira, como Oscar Salas, y como los cientos de campesinos que durante estas semanas han sido víctimas de este escuadrón de la muerte.



[iv] Este debate, empieza a permear incluso el Congreso de la República, y diferentes instancias dentro de las altas esferas del poder. Ver: http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/desde-el-congreso-proponen-eliminar-el-esmad/20130109/nota/1961740.aspx
[v] A este respecto es bastante ilustrativo el programa Contravía: “Brutalidad policial-casos ESMAD”. Disponible en http://www.youtube.com/watch?v=aNUDwo62ag8

La primavera de los movimientos sociales



Por: César Rodríguez Garavito

Las reacciones al para agrario muestran que los colombianos somos expertos en entender la violencia y sobrevivir en solitario silencio; pero no sabemos muy bien qué hacer, ni qué decir, ante el raro suceso de una movilización colectiva y pacífica.

La sorpresa no es sólo del Gobierno, que subestimó al movimiento campesino e intentó darle el mismo tratamiento clientelista que a los partidos. Son neófitos también muchos medios y analistas. Habituados a comentar las intrigas del Poder, con mayúscula —el predecible drama de la reelección, el último trino de Uribe, el declive de los verdes y el Polo—, olvidan que, en las democracias, la política también la hacen los protestantes, aunque su poder se escriba con minúscula.

Sólo décadas de estar hablando de violencia explican que un puñado de vándalos reciba tanta atención noticiosa como una movilización ciudadana que no se veía hace 36 años. Sólo el dominio secular de la violentología en las ciencias sociales y del análisis electoral en el periodismo y la politología explican que se analicen con menos detalle las protestas que sus repercusiones sobre la reelección y la “gobernabilidad” de Santos.

Es hora de tomar en serio a los movimientos sociales, de estudiar el poder desde abajo, tanto como se ha estudiado desde arriba. Para eso hay que echar mano de las herramientas de la sociología, porque las de la ciencia política dominante se han quedado cortas.

Así se entiende mejor la revuelta de las ruanas. ¿Por qué surgieron las protestas en este momento? Algunos se sorprenden de que los campesinos hayan salido a las carreteras justamente en medio de un gobierno que ha prometido la restitución de tierras y podría negociar el fin del conflicto armado en el campo. Pero los sociólogos saben que estas aperturas institucionales son oportunidades políticas propicias para los movimientos sociales. Precisamente porque este gobierno es menos insensible a los problemas históricos de los campesinos y porque las Farc no tienen el mismo poder de amedrentar o cooptar de antaño, la movilización es más factible. Y lo sería aún más en un contexto de posconflicto.

¿Por qué se expandió el paro? Porque los protestantes encontraron recursos efectivos para organizarse y propagar su mensaje. Como escribí en este espacio, al igual que en otras primaveras, las redes sociales ofrecen una solución al obstáculo principal para una movilización nacional: la desconexión entre los campesinos y los descontentos urbanos. La llegada del paro a las ciudades, de la mano de los videos filmados por familias boyacenses sobre los desmanes del Esmad, comprueba que las redes sociales amplifican el efecto de estrategias tradicionales como las marchas.

Lo cual nos lleva a la pregunta sobre el futuro de la movilización: ¿qué tan durable y frecuente puede ser? La respuesta depende, en buena parte, del tercer factor que resaltan los estudiosos de los movimientos sociales: la existencia de una causa y un discurso que unifiquen los diferentes descontentos. En otra columna decía que el pegante de los movimientos de indignados en Colombia podría venir de la oposición al manejo de los recursos naturales, a medida que las protestas contra la minería y las causas ambientales conectan a campesinos y jóvenes urbanos. Lo que estamos viendo en el paro agrario apunta en esta dirección y se suma a casos como los de las consultas populares contra la minería en Santurbán y Piedras (Tolima).


Los justos reclamos campesinos, que el Gobierno aún está a tiempo de atender, pueden sacar del olvido al sector agrario. Ojalá hagan lo mismo con los movimientos sociales.

Entre balas y flores: apropósito de feria de flores y los pactos entre los combos



Panorámica centro de Medellín
Medellín, la ciudad de la eterna primavera como es llamada para feriarla y promocionarla internacionalmente como una metrópoli de prestadora de servicios, es una ciudad agazapada en los recodos de sus laderas, temerosa de sus calles y esquinas, y sometida a la más cruel de las violencias: la para-mafiosa[1] o las mal llamadas bandas criminales, que no son más que los reductos no desmovilizados del paramilitarismo.

Han sido estas bandas paramilitares quienes han ejercido un férreo control territorial en la ciudad desde 1998, que según alias Don Berna se crearon a petición de los comerciantes e industriales de Medellín porque era necesario contrarrestar el terrorismo, el secuestro y otras actividades de organizaciones como las FARC, el ELN y otras milicias”[2]. De esta forma y a finales de ese mismo año empieza a incursionar el Bloque Metro en la ciudad sometiendo o eliminando “los combos”, que otrora sirvieron a los intereses del cartel de Medellín. Para finales de 1999 la guerra entre los bloques paramilitares Metro y el Cacique Nutibara llevo a cambios de bandos de los diferentes grupos criminales entre ambas estructuras, dando por resultado la destrucción del Bloque Metro y la posesión de alias Don Berna como el cacique de la ciudad.

A la incursión del paramilitarismo en la ciudad se suman las acciones de guerra por parte del Estado hacia la población civil en las comunas consideradas como guerrilleras o milicianas. La más famosa de estas acciones fue la operación Orión en la comuna 13. Así como, tras las acciones militares y policiales se despejan los barrios, a la vez que se abre camino al robustecimiento de la economía criminal y el control militar de los barrios por parte de los paras, quienes no se ven afectados por ningún dispositivo del Estado.

Es la connivencia de la institucionalidad con el paramilitarismo es la clave para su posicionamiento territorial, económico, social y político en la ciudad, haciéndose del control de las redes mafiosas de las oficinas sicariales y del negocio del narcotráfico.  El bloque Cacique Nutibara logra entonces, consolidar su poderío sobre toda el área metropolitana, siendo estos mismos quienes, más adelante y con más ganas de expandirse que de paz, se “desmovilizarían y reincorporarían” a la vida civil, con el fin de legalizar y afianzar su economía ilegal, además de obtener los beneficios judiciales que adquirirían después en el marco de la Ley de Justicia y Paz.

En este punto Medellín pasó de las constantes balaceras entre loma y loma a una calma plagada de sospecha y complicidad, a este período que comprende de 2003 a 2007, casualmente la alcaldía de Sergio Fajardo, se le conoce como “donbernabilidad”, a razón del pacto entre los Héroes de Granada y el Cacique Nutibara para disminuir los índices de criminalidad y homicidios en la ciudad. Dicho pacto se respetó con la voz del fusil. La ciudad al fin brilló, creyéndose libre de pecado, olvidando que, como sin cuerpo no hay muerto, a la par que las estadísticas de los homicidios bajaban, las de los desaparecidos aumentaban. 

Aquí es necesario resaltar que en la ciudad los períodos de calma y tranquilidad han estado marcados en el fondo por pactos entre las diferentes organizaciones para-criminales presentes en la ciudad, así que la llamada “donbernabilidad” no sería ni el primero ni el último trato de su tipo.  Alianzas como estas no dejan de llamar la atención debido a la alta coincidencia, no solo con los puntos álgidos de la violencia para-mafiosa si no también con eventos de relevancia internacional en la ciudad, como los Juegos Suramericanos de 2010, y fechas especiales como navidad y año nuevo.

Recientemente, Medellín y el área metropolitana gravitan en medio de una tregua criminal entre la mal llamada oficina de envigado y los urabeños, que empezó a mediados de julio del presente año[3]. Este pacto se realiza con el fin de que cada estructura criminal conserve los territorios que tiene, que se suspendan las “fronteras invisibles”, el respeto por las finanzas de cada estructura y el no asesinato de coordinadores, con el fusil como prenda de garantía para su cumplimiento.

Teniendo en cuenta lo anterior no es extraño que dicho pacto se celebre unas semanas antes de Feria de Flores, que la alcaldía municipal y la policía metropolitana “desconozcan” dichos acuerdos, y por ende sigan delegando la paz, la seguridad y la convivencia ciudadana a los para-criminales. La ciudad entera se encuentra sitiada, pero la administración ha sido miope a la hora de diagnosticar el problema, para formular soluciones eficaces y quitarle la iniciativa y el control de los barrios a la para-mafia.

El fenómeno de la violencia en la capital paisa no es un asunto de novedad. La administración se ha equivocado de estrategia, además de pecar de cómplice, al pretender tratarlo como un problema de simple crimen organizado, cuando es claro que son estructuras criminales que tienen un sustrato paramilitar, nacido a las sombras del mismo Estado. La incapacidad del alcalde y sus funcionarios para comprender las dimensiones y alcances del conflicto urbano, han limitado los esfuerzos de la institucionalidad a reducir cifras, llevando un conteo meticuloso de cada muerto y cada hecho violento, en lugar de atacar las raíces de los problemas con políticas sociales. Se crea así, en el imaginario de los funcionarios y estadistas la ilusión de falsa seguridad y del “deber cumplido” cuando la estadística baja en dos números.

De esta forma es como se lee la ciudad desde las altas esferas del poder, como un montón de estadísticas y números que hay que combatir con cálculos cada vez más elaborados, eludiendo cualquier posibilidad de generar soluciones reales en las calles, en los barrios y en la gente, redundando en la deshumanización del conflicto. Lo cual es una clara muestra de desconocimiento y debilidad a la hora de asumir acciones concretas frente a situaciones como la pobreza y la marginalidad, y a otras muy específicas como la Tregua para-criminal. Es así como desde la miopía de la administración se movilizan grandes presupuestos y contingentes de hombres armados en las comunas, fomentando la desconfianza y descrédito hacia la fuerza pública y la institucionalidad por de parte de los ciudadanos.


En una confrontación bélica es fundamental ver el papel de la población civil involucrada, que ha sido parte integrante y víctima de los bandos enfrentados. En la historia del conflicto colombiano se deben reconocer los factores que han hecho estallar la inconformidad social, ya sea en el campo o en la ciudad, a niveles tan agresivos que se siguen sustentando en las armas. Es la ciudadanía empoderada de su derecho a la ciudad la que debe forzar a la institucionalidad a actuar conjuntamente y tomar este tipo de pactos, por macabros que sean, como una oportunidad para un Diálogo de Ciudad, los diálogos de paz no son y no deben ser solo en La Habana y la guerra no solo involucra a los actores que se han armado, ya que esta conocedora de su conflicto, sabrá formular soluciones acordes al mismo para lograr una paz con dignidad.







[1] Éste es un concepto utilizado por Fernando Quijano, director de CORPADES, para referirse a la mutación y la transformación que sufren los reductos del paramilitarismo al quedar desarticulados de una estructura jerarquizada, que se dedican exclusivamente a la consolidación de una economía criminal.
[2] Más información en Verdadabierta.com en el siguiente link http://verdadabierta.com/justicia-y-paz/3606
[3] Según lo denunciado por CORPADES y la Mesa de Derechos Humanos de Medellín, dicha tregua se pactó el 14 de Julio en el municipio de San Jerónimo-Antioquía y se refrendó entre el 22 y 23 del mismo mes en algún lugar de la ciudad.

Movilización social en el país: ¿panorama alentador?

Fotografía: Camilo Ríos

Las recientes movilizaciones en el país establecen un precedente en lo que a fortalecimiento y avance del movimiento social y popular refiere. Paros, huelgas, marchas, manifestaciones, pedreas, son algunas de las expresiones que han logrado ponerse en los medios de comunicación y que han sido usadas por el pueblo inconforme para reclamar lo que consideran como propio. En el siguiente texto se desarrollarán algunos puntos importantes de las recientes movilizaciones, y se señalará un posible marco donde la correlación de fuerzas se muestre como favorable para el movimiento social y popular del país.

El paro nacional agrario: cuando lo reivindicativo es transformativo

  

Fuente: http://www.vanguardia.com

Es crucial mencionar que el apoyo o la coincidencia de gremios como los camioneros, los mineros, los estudiantes, integrantes del sector salud y las centrales obreras en esta movilización, es una muestra de la efervescencia creciente de un movimiento social que busca transformaciones a partir de sus agendas particulares. La coincidencia múltiple en la movilización de esta semana es indicador de la posibilidad de coordinar acciones en esos sectores dispersos.

Alejandro Mantilla (1)

¿Cuáles son los alcances del Paro Nacional Agrario que está en curso? Al analizar las agendas, reivindicaciones y pliegos de las organizaciones que promueven el paro, surge la pregunta sobre cuál es la dimensión política de la protesta ¿Se buscan meras reivindicaciones o el propósito es transformativo de la política y la economía colombiana?

Una pregunta habitual en los movimientos sociales se relaciona con los alcances de su acción colectiva. En los viejos buenos términos, tiende a diferenciarse entre lo ‘reivindicativo’ y lo ‘político’. Mientras lo reivindicativo apela a defender objetivos específicos que generen un mayor bien-estar para quienes participan de la acción, lo político apunta a una transformación más amplia del régimen económico y político de una sociedad, generando cambios profundos en sus instituciones.

La imprecisión de la diferencia entre lo ‘reivindicativo’ y lo ‘político’ sale a la luz al percatarnos que lo reivindicativo tiene una dimensión política. Por eso resulta útil retomar la diferencia, planteada por Nancy Fraser, entre lo ‘afirmativo’ y lo ‘transformativo’. Mientras la afirmación trata de las soluciones dirigidas a corregir los resultados injustos de las instituciones sociales sin afectar el marco general que los define, la transformación busca soluciones que buscan reestructurar ese marco general para corregir los resultados injustos.

En ese sentido, ¿Cuáles son los alcances del Paro Nacional Agrario? Examinemos los documentos de las tres organizaciones agrarias que promueven el paro.

En el documento firmado por la Mesa nacional de unidad agropecuaria, que agrupa a las ‘dignidades’ cafetera, arrocera, cacaotera, papera y panelera, se enfatiza en la búsqueda de pago de subsidios a la venta de sus productos, la regulación de los precios de los insumos agrícolas, la exigencia de cumplimiento de los acuerdos suscritos con el gobierno en pasadas movilizaciones y el rechazo de los acuerdos de libre comercio firmados por el Estado colombiano (2).

El documento de la Mesa nacional agropecuaria y popular de interlocución y acuerdo, que agrupa a varias organizaciones agrarias que hacen parte de la Marcha Patriótica, se menciona la exigencia de medidas para solucionar la crisis agropecuaria, un mayor acceso a la propiedad de la tierra, el reconocimiento de la territorialidad campesina, la participación de las comunidades en la política minera, garantías para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural y mayor inversión social en salud, educación, vivienda y vías tanto en los campos como en las ciudades (3).

El documento del Coordinador Nacional Agrario, organización que reúne cerca de treinta organizaciones regionales que hacen presencia en 14 departamentos y que hace parte a su vez del Congreso de los Pueblos, recoge diez puntos de amplio alcance transformativo. Dentro de estos puntos se incluye el cumplimiento a los acuerdos otrora firmados; la solución política al conflicto social y armado; el reconocimiento del campesinado como sujeto social y político; la permanencia de los pueblos indígenas y afro, y de las comunidades campesinas en los territorios, con autonomía y autodeterminación; el rechazo de la gran minería trasnacional y la protección a la pequeña minería, la minería ancestral, y la minería tradicional; el rechazo de los TLC y en defensa de la economía campesina, y la soberanía y autonomía alimentaria; contra las fumigaciones; por los subsidios para los insumos agropecuarios; la condonación a la deuda de los pequeños productores; y por el respeto y garantías a la lucha agraria (4).

Si nos adherimos a los conceptos arriba mencionados, encontramos que la agenda de la movilización reúne los objetivos afirmativos con los transformativos, pues la búsqueda de subsidios, la regulación de los precios de los insumos agrícolas, la condonación de deudas, el rechazo a la gran minería o el freno a las fumigaciones, serían objetivos puntuales que buscan corregir situaciones lesivas para el campo. Por otro lado, el rechazo de los tratados de libre comercio muestra que la protesta tiene una agenda transformativa, al exigir el rediseño de la política económica del gobierno y el freno al modelo neoliberal aplicado con rigor en las últimas décadas.

Pero es preciso rechazar esa tentación. La lucidez de la lucha campesina radica en que cada una de las propuestas que parecen ser reivindicativas, en realidad son transformativas. Tomemos como muestras los subsidios a la producción y la política minera. Los subsidios son el ejemplo por excelencia de la postura reivindicativa, tanto así que el gobierno ha intentado dividir a los cafeteros prometiendo subsidios selectivos; pero si los subsidios no fueran patrimonio de algunos sectores y más bien cobijaran al conjunto de los productores, entonces tendría que redefinirse el presupuesto para la agricultura, exigiendo un rediseño del presupuesto nacional. De paso, la política agrícola tendría que repensarse en su conjunto al tener que generar nuevas instituciones que regulen dicho presupuesto. Con la política minera ocurre algo similar. Si se generara una política que diera mayor participación a los pequeños mineros y permitiera a las comunidades decidir sobre las concesiones mineras en sus territorios, el mapa de títulos mineros en Colombia variaría de manera considerable. En suma, cada aspecto reivindicativo de la agenda popular-rural puede conllevar la transformación de aspectos decisivos del campo colombiano.

Adicional a lo anterior, la agenda propiamente transformativa de esta movilización muestra que las organizaciones rurales han retomado la fuerza para exigir el desmonte de las políticas de apertura económica que han quebrado a la producción agraria nacional y han acrecentado los índices de pobreza rural, así como buscar la democratización de la vida política y la solución negociada al conflicto armado. En resumen, no sólo lo reivindicativo es transformativo, además la dimensión global de transformación también está presente en sus agendas de lucha. Por eso lo más importante de esta jornada es la agitación del reconocimiento político del campesinado como bandera del movimiento social; el punto más importante de estas jornadas es el reemerger de una actoría social que fue sistemáticamente debilitada por el despojo, la economía y la violencia sobre sus dirigentes.

No obstante, vale la pena advertir que no todo es tan alentador en esta movilización. Hay tres puntos que son cruciales tener en cuenta como síntomas de carencias y tensiones en la jornada. En primer lugar, es síntoma de una carencia del movimiento agrario el que no se enfatizara lo suficiente en el rechazo a la criminalización del uso de semillas y en la condena a las triquiñuelas de los empresarios que se han apropiado ilegalmente de los baldíos de la nación. Aunque el Coordinador Nacional Agrario emitió un comunicado sobre este último tema (5), es claro que estos dos puntos debieron ser agitados con mayor fuerza para esta movilización.

También preocupa que las organizaciones no lanzaran un pliego conjunto, sino que se lanzaran tres pliegos diferentes, máxime cuando el Mandato Agrario aprobado en el año 2003 es una carta de navegación del movimiento campesino, indígena y afro que en su momento recogió a la mayoría de organizaciones rurales populares. Es alentador que reemerja el movimiento social rural, pero preocupa que resurja con agendas dispersas.

En tercer lugar, es claro que la agenda de la Mesa nacional de unidad agropecuaria puede entrar en tensión con las agendas de la Mesa nacional agropecuaria y popular de interlocución y acuerdo, y la del Coordinador Nacional Agrario. La primera agenda está ligada a las reivindicaciones de sectores productivos que agrupan a medianos y grandes empresarios afectados por la apertura económica, de ahí que se centre en el tema de subsidios y la revisión del libre comercio, pero no mencione nada sobre acceso a la tierra o reconocimiento del campesinado. Las otras dos agendas, en cambio, recogen las tesis del movimiento campesino de pequeños agricultores, jornaleros y minifundistas, quienes también rechazan el libre comercio, pero a su vez buscan una transformación más profunda de la institucionalidad agraria.

Aunque esta tensión sea en apariencia un síntoma de debilidad, también puede leerse como una base posible para formular un compromiso histórico de las organizaciones rurales con el campo colombiano. La tesis del compromiso histórico fue defendida por la izquierda italiana del siglo XX para agrupar a diversos sectores políticos y sociales en dirección a definir objetivos comunes en defensa de un proyecto nacional-popular en ese país. Aunque las diversas agendas del movimiento rural-popular expresen tensiones políticas y sociales, vale la pena preguntarse si tales tensiones pueden ser una base para pensar una agenda única reivindicativa que transforme el campo colombiano. A pesar de mi latente escepticismo ante esa posibilidad en el corto plazo, considero que es tan imperioso como urgente caminar en ese sentido.

Para terminar, es crucial mencionar que el apoyo o la coincidencia de gremios como los camioneros, los mineros, los estudiantes, integrantes del sector salud y las centrales obreras en esta movilización, es una muestra de la efervescencia creciente de un movimiento social que busca transformaciones a partir de sus agendas particulares. La coincidencia múltiple en la movilización de esta semana es indicador de la posibilidad de coordinar acciones en esos sectores dispersos. No obstante, la coordinación de acciones sigue siendo insuficiente ante la disparidad de agendas. Mientras no surja una agenda común de políticas afirmativas y transformativas que pueda canalizar al disperso movimiento social, los esfuerzos seguirán siendo insuficientes. Pero, como bien lo saben las y los habitantes del campo, los caminos largos empiezan con un paso. Ojalá lo estemos dando en estas jornadas de movilización.

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Notas:

1 El autor es director de la Corporación para la Educación y el Desarrollo de la Investigación Popular-Instituto Nacional Sindical, CED-INS.