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| Foto tomada de www.portafolio.co |
El
pasado 10 de mayo en horas de la madrugada se tomó en el Concejo de Medellín
una decisión trascendental: la fusión de UNE EPM Telecomunicaciones con
Millicom, una multinacional sueca que ya tiene su propia historia en el país.
Este evento causó una fuerte controversia no solo en el Concejo sino en toda la
ciudadanía, y no es para menos, pues este no es el primer caso en que una
empresa pública rentable a cargo del Estado, se fusiona con una multinacional.
Un
caso bien conocido y poco recordado por muchos, es la fusión en 2006 de
Telecom, la empresa de telecomunicaciones de Colombia con Telefónica de España.
Fusión que por nombre tomó Telefónica Colombia. La maniobra se desarrolló con
el objetivo de extender la plataforma de servicios de la compañía colombiana,
ya que esta solo contaba con los servicios de telefonía fija y a larga
distancia. El argumento del momento consistía en que era necesario hacerse de
un socio estratégico ya posicionado, que pudiese asumir el pasivo pensional de
la empresa y cuya experiencia multiplicaría las ganancias para la nación.
El
resultado, al contrario de lo que argüían quienes estaban a favor, fue la
multiplicación de pérdidas en una alianza donde el Estado era la parte
minoritaria y sin embargo asumía los costos; mientras el consorcio extranjero
obtuvo cuantiosos beneficios de cuenta de la estructura y plataforma de Telecom
al utilizarla para fortalecer las operaciones de Movistar en Colombia, además
de los beneficios fiscales que representa la figura de una empresa mixta.
Este
mal negocio para el país, pareció desconocer la fortaleza de la estructura y
plataforma de Telecom para posicionarse en nuevas áreas del mercado de
telecomunicaciones. Lo que da a pensar, es que en realidad el propósito nunca
fue el fortalecimiento del bien público, sino dar entrada a una multinacional
con todos los beneficios, usufructuándose del patrimonio público.
Ahora
bien, la administración de Aníbal Gaviria da continuidad al proceso de aparente
privatización de EPM iniciado por la alcandía de Sergio Fajardo en 2005, con la
separación de UNE Telecomunicaciones de EPM. Se crea entonces, una nueva
empresa de carácter privado con fondos públicos, bajo la forma de empresa
industrial y comercial del Estado, que más allá de permitir la inversión privada
por acciones evade la figura de rendición de cuentas. UNE
Telecomunicaciones, desde entonces sufre
pérdidas operacionales y adolece de una mala administración de sueldos
exorbitantes, que se mueve entre las ambivalencias que le permite su régimen,
acudiendo al estatuto público o privado de acuerdo a su conveniencia.
Juan
Esteban de la Calle, gerente general del grupo EPM, se basa en las debilidades
operacionales de UNE, pujando por la fusión estratégica con Millicom por partes
iguales. El resultado sería la conservación de la razón social de la empresa,
mientras que la multinacional asume los cargos administrativos más importantes
y en general la administración de la empresa. Hoy, como en la fusión de Telecom
y Telefónica, la empresa del Estado, está bien posicionada y no representa
pérdidas, lo que nos lleva a preguntarnos cuál sería la verdadera razón por la
que se llevaría a cabo este proceso.
Es
preocupante que la empresa que se hace pasar por el “salvavidas preventivo” de
UNE, es en realidad una empresa que actualmente le adeuda a la misma UNE 180 mil millones por la compra de las
acciones, la mitad más uno, de Ola, hoy Tigo. Esto sin contar que aún las
utilidades que genera Colombia móvil Tigo no han sido repartidas entre sus
socios, UNE y ETB. Resulta curioso que en “la ciudad más innovadora”, no se
demuestre pericia para buscar las mejores oportunidades de hacer un negocio
rentable para la ciudad, o que se considere que la mejor forma de proteger el
patrimonio público sea entregándola a una multinacional extranjera, según las
palabras de Marc Eichmann Perret, presidente de UNE, “lo que estamos haciendo
es buscar un buen marido a la hija para que tengan buenos nietos”.
Al
igual que en el caso de Telecom y Telefónica, el patrimonio público de la ciudad
puede correr el riesgo de convertirse en el trampolín que saque a Millicom del
atolladero, al ser la pista de despegue que permita el fortalecimiento de sus
operaciones en Colombia. Al mismo tiempo que UNE, de la misma forma que le
ocurrió a Telecom, empiece a reportar pérdidas bajo la administración del nuevo
socio por lo cual se haría justificable la venta y privatización total de la
empresa, pero para esta operación es necesaria una recapitalización de la
misma, lo cual incurriría en un desangre
de las finanzas públicas en pro del capital privado. Así, una vez las empresas
del Estado se convierten en facilitadoras para la inversión y los negocios de
consorcios internacionales; por lo cual no es de extrañar que ciertos políticos
y funcionarios enfilen esfuerzos para que la propiedad pública se adquiera a
bajo costo y se explote por encima del interés público.
Las
jugadas políticas y administrativas de este tipo profundizan el modelo de
expoliación y usurpación de los recursos naturales y los bienes de la nación
que representan algún tipo de transferencia para el país y los entes
territoriales. Ahondado en la desigualdad social que es fuente del conflicto
político, social y armado.
Lo
anterior es una clara transgresión de la soberanía nacional al entregar fuentes
de ingreso directo nacional a multinacionales, que lo único que buscan es el
lucro propio sin importar las necesidades de la gente, un claro ejemplo de esto
son las altas tarifas de telefonía móvil en un mercado dominado por actores
privados extranjeros. Se alimenta entonces, un modelo económico basado en la
exclusión del grueso de la población colombiana que no es participe de las
rentables fusiones. Por esto no deja de ser irónico el hecho de que mientras se
habla de paz y postconflicto se profundice en modelos de expropiación de la
riqueza nacional, riqueza de todos, en pro de los intereses de las grandes
empresas.
